Auditorías y pedidos de juicio político cercan al procurador interino Casal, pieza clave del lawfare
Fue quien protegió institucionalmente a Stornelli en sus vínculos con el espionaje y presionó a Gabriela Boquin, la fiscal a cargo del caso Correo Argentino.
El procurador interino Eduardo Casal fue una pieza clave en el esquema de persecución judicial. Desde su rol como jefe de los fiscales operó al compás de los deseos de Mauricio Macri, tanto para darle cobertura personal en casos como el de Correo Argentino como para proteger a otros actores del lawfare como el fiscal Carlos Stornelli. Sigue en el cargo, pero mientras el Senado tiene trabada la designación de su reemplazo la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal (MPF) puso la lupa en su gestión. Realizará varias auditorías y analizará 7 pedidos de juicio político en su contra. Desde Juntos por el Cambio no apoyaron la iniciativa, ergo, quisieron protegerlo.
En su última reunión, el jueves pasado, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del MPF dispuso la realización de tres auditorías sobre la gestión del interino Casal y comenzó a analizar 7 pedidos de juicio político que versan desde el blindaje al fiscal Stornelli en su vinculación al espionaje ilegal hasta la creación de una oficina para perseguir la protesta social. Esa Comisión Bicameral, que ahora preside el senador rionegrino Martín Doñate, fue vaciada y no funcionó durante la era Macri. Tenía sentido, Casal era un aliado.
El caso del interino Casal es por demás relevante. El cargo de Procurador General es el puesto vacante más importante dentro del Poder Judicial, no solo por su nivel jerárquico (equivalente a la Corte Suprema) sino de cara a la aplicación del nuevo Código Procesal, donde los fiscales asumen un rol mucho más relevante en las investigaciones judiciales. El nuevo Código establece que los fiscales investiguen y los jueces juzguen, por lo que confirma el rol de los primeros y limita el de los segundos. Quienes conocen de sus manejos saben que es muy difícil pensar en la aplicación de una Reforma Judicial como la que anunció el presidente Alberto Fernández mientras Casal siga al frente de los fiscales.
Casal llegó al cargo de procurador interino gracias a que la alianza entre Macri, Clarín, Comodoro Py y los abogados de grandes empresas y de genocidas presionó y logró la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Quienes lo frecuentaban lo definían como un típico judicial con la consecuente “lógica del judicial”, corporativa y conservadora.
Su interinato responde a la ley que ordena el Ministerio Público, que establece que en caso de vacancia el cargo de procurador lo asume el fiscal “que tenga más antigüedad en tal cargo”. Casal era Procurador ante la Corte desde 1992. Allí intervino en la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, caso que nunca se esclareció pero generó uno de los mayores papelones de la historia judicial argentina. En la apertura del año judicial de 2015, el entonces presidente de la Corete Ricardo Lorenzetti aseguró erróneamente que era “cosa juzgada”. Casal fue parte de esa investigación aún trunca, pero que le abrió contactos naturales con Israel y Estados Unidos, además de los servicios locales.
Macri amagó con proponer a Inés Weinberg de Roca para el cargo pero finalmente la tarea quedó en manos de Casal, que se alineó de manera automática con Cambiemos. Macri no hizo mayores esfuerzos por nombrar a alguien en el cargo, con Casal estaba más que cómodo. En la procuración, Casal se rodeó de Juan Manuel Olima Espel, Juan Pablo Ugarte y Juan Manuel Casanovas, los 3 juanes. El más relevante fue el primero, Olima Espel, que por sus vínculos con la AMIA, la DAIA y la Embajada de Estados Unidos llevó su agenda de lucha contra el terrorismo al MPF. Entre sus nexos estaba Juan Bautista Mahiques, ariete de la persecución judicial orquestada en la era Macri.
Entre los aportes del interino Casal al macrismo estuvo la protección del fiscal Stornelli, procesado por su participación en 7 casos que ejecutó el espía ilegal Marcelo D’Alessio. Hizo todos los deberes para ahorrarle sanciones disciplinarias y un tribunal de enjuiciamiento.
A diferencia del caso de Stornelli, el interino Casal si se preocupó de presionar a la fiscala Gabriela Boquin, que fue quien evitó que la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri por el caso Correo Argentino. Le vació la fiscalía, le retaceó recursos y le inició procesos disciplinarios con falsas denuncias, todo con el objetivo de frenar sus investigaciones sobre el vaciamiento de Correo Argentino. No se le pueden achacar a Casal otro tipo de presiones que recibió Boquin pero coincidían en el tiempo.
La Comisión Bicameral realizará tres auditorías sobre la gestión de Casal. La primera es una Auditoría Disciplinaria, donde analizarán todos “nómina de la totalidad de los magistrados en funciones sometidos a régimen disciplinario, información sobre el tipo de falta atribuida y estado de las actuaciones en trámite por los Tribunales de Enjuiciamiento de ambos órganos”. Esto tiene una doble lectura. Por un lado, revelar los mecanismos de encubrimiento a Stornelli. Por el otro, reconstruir los casos de persecución a fiscales díscolos, como los de Boquin y Juan Pedro Zoni, una hostigada mediática e internamente y el otro directamente desplazado de su fiscalía por sus intervenciones en el torno al caso Correo Argentino.
La segunda será una Auditoría Administrativa y Presupuestaria de los años 2018 y 2019, ya que hay sospechas sobre los aumentos presupuestarios con los que contó el interino Casal y el reparto entre el MPF y el de la Defensa (MPD).
Por último, se hará una Auditoría Funcional, “en la que piden en el plazo de 10 días que el procurador Eduardo Casal envíe toda la documentación y argumentaciones en la que consten todas las resoluciones u otros actos administrativos relativos a nombramientos, traslados, reemplazos y desplazamientos de fiscales, tanto titulares como subrogantes, como asi también las referidas a las Procuradurías, unidades, direcciones, programas y cualquier otro estamento del Mnisterio Público Fiscal de la Nación”.
Hay 7 pedidos de juicio político al interino Casal presentadas ante la Bicameral que preside Doñate.
La Asociación Civil Grupo de Litigio Estratégico pidió el juicio político del interino Casal por la protección que brindó al fiscal Stornelli y por la creación de una oficina que bajo el paraguas del combate al terrorismo tuvo finalmente vínculos con los casos de espionaje ilegal que se investigan en este momento en el juzgado de Lomas de Zamora.
La abogada Natalia Salvo también reclamó por las irregularidades de Casal en relación a Stornelli. Es la defensora de Pedro Etchebest, el denunciante original de la causa donde se investiga una red de espionaje ilegal en torno a Marcelo D’Alessio en la que Stornelli fue procesado. La abogada Salvo plantea que “Casal omitió deliberadamente ejercer la función disciplinaria de manera adecuada y oportuna en relación al Fiscal Stornelli”.
Desde AJUS pidieron la destitución de Casal porque violó “los más elementales estándares internacionales para mantener la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal, poniéndolo al servicio del lawfare y la baja política, todo lo cual sólo pueden ser sancionadas con su remoción”.
Varias asociaciones, foros y mesas de Derechos Humanos piden su juicio político por la resolución 86 del 2018 que creó la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo y Extremismo Violento. Tal como informó El Destape, se trató de una oficina para perseguir la protesta social, justificada en una supuesta lucha contra el terrorismo internacional y el “extremismo violento” en base a lineamientos Made in USA.
Otro de los pedidos de juicio político es por arbitrariedades en las designaciones de subrogancias, traslados y desplazamientos irregulares de fiscales. Es el caso, por ejemplo, del fiscal Juan Pedro Zoni, que debía investigar la denuncia penal contra Macri por el intento de condonarle a su familia la multimillonaria deuda del Correo. Apenas comenzó a indagar en el caso Casal lo desplazó de un plumazo. Lo presentaron la Asociación de Estudios para la Defensa y el Fortalecimiento de la Justicia, la Democracia y el Estado de Derecho, la Asociación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores y Paco Oliveira, cura en Opción por los pobres. Uno similar presentaron desde el Grupo Comunicacional “No me olvides” y ATE Pensiones.
Fuente: El Destape