En el marco de la pandemia, el aporte de las grandes fortunas servirá para paliar los grandes déficits que deja el daño sanitario del corona virus. No es confiscatorio y además es oportuno, porque el momento que se vive es de crisis profunda e imprevisible.
Los grandes temas, aquellos que tocan intereses, suscitan lógicamente argumentos y también contraargumentos que intentan refutar a los primeros. Cada parte con sus razones lo suficientemente disuasivas, como para auspiciar las ideas, unos con el propósito de un cambio superador y otros para que todo quede como está.
Entre los opositores están aquellos que creen perder más de lo justo y equitativo, y entre los promotores del cambio, restablecer algo más de equilibrio en la correcta distribución de los bienes y servicios.
Lo cierto es que las medidas que propicien el cambio siempre ostentan un sesgo amenazante para los que tienen algo propio que defender o atesorar. Ese sesgo amenazante, más político que objetivo, se parece a una sombra que, si se aprueba la medida, se avanzará luego con otras del mismo tenor, aunque en el momento se ignore cuales serán con precisión, pero que servirán siempre para quitar o despojar a los que más tienen de una parte de su patrimonio con el fin de socializarlo. Así, para la oposición, el tener se convierte en culpa y el no tener en injusticia.
Son los Estados y las ideas que los inspiran, los que deben actuar como impulsores de políticas que al aplicarlas inclinen la balanza hacia un lado o hacia el otro.
Tuvimos cuatro años de un gobierno de derecha que fijó políticas a favor de la concentración del capital, descargando de impuestos a las corporaciones, bajando retenciones y salarios y despidiendo trabajadores. Fue tan enérgica la presión que ejercieron sobre estos últimos que perdieron las elecciones en octubre de 2019, las cuales dieron lugar a la instalación en el poder político a un partido popular de extracción peronista, dispuesto a desandar aquellos privilegios y apoyarse con medidas colocadas en el platillo de las mayorías.
Y esa temática es la que acompaña al gobierno de Alberto Fernández, que ha puesto sobre el tapete y en el marco de una pandemia, el aporte de las grandes fortunas que servirá para paliar los grandes déficits materiales y de toda índole que dejó en la sociedad el daño sanitario del corona virus.
Este aporte no es confiscatorio por su imposición de baja carga. Es legal el descuento de hasta un 13 % sobre la masa a imponer, antes de calificarlo de confiscatorio, y en el caso de este aporte la alícuota llega apenas al 2 % sobre una base de 200 millones de pesos. Es, además, oportuno porque el momento que se vive es de crisis profunda e imprevisible.
Los recursos están y los tienen aquellos que los han acumulado, generando una desigualdad manifiesta. Y los tienen en escondites inasibles que salieron del país de manera ilegal en un alto porcentaje.
No es momento de vislumbrar en esta medida el acceso a un sistema económico que reemplace al que vivimos. Es hora de que el concepto de sociedad funcione y, como cuerpo, los solventes aporten una pequeñísima parte para el Todo. Ese “Todo” es justamente aquello que nos distingue como argentinos insertados en un sistema social.
En síntesis, acá no se habla de expropiación de los bienes de producción ni de un medida de carácter revolucionario a la que seguirán otras por el estilo. Estamos hablando de aportar magnitudes equivalentes al patrimonio que cada ciudadano manifiesta ante los organismos recaudadores y de control. Cantidades que atenúen los déficits y carencias que muestran las arcas del tesoro nacional para que la vida institucional prosiga su vigencia, a pesar de la ya mencionada pandemia y de una herencia de tierra arrasada que dejó como secuela el gobierno anterior.
Fuente: va con Firma