La asunción, hace un año, de un gobierno que busca representar a los sectores populares, no fue solo un cambio de funcionarios. El macrismo y los poderes de facto fueron parte de un mismo bloque de poder, y ahora el Frente de Todos enfrenta a esos intereses en las distintas áreas de gestión.
Por Miguel Croceri
Hasta hace un año, los poderes de facto y el gobierno argentino formaban parte de un mismo bloque de poder. Durante cuatro años, de diciembre de 2015 a diciembre de 2019, el estado nacional estuvo dominado por los mismos intereses locales y extranjeros. Fuera o dentro de la estructura estatal, se defendieron los privilegios de las clases sociales dominantes, los negocios y negociaciones de las élites capitalistas y el sometimiento de la Nación a la estrategia de dominación mundial de Estados Unidos.
Transcurridos doce meses desde la asunción de Alberto Fernández, y del conjunto del frente político-electoral cuyo liderazgo comparten el presidente de la Nación y la vicepresidenta Cristina Kirchner, la tendencia de las decisiones gubernamentales es muy diferente.
Más allá de los resultados, o de los efectos inmediatos de esas decisiones, el actual gobierno y su representación parlamentaria muestran que el Estado procura defender los intereses de los sectores sociales más necesitados: clase trabajadores formalizada y clase trabajadores de la economía informal (o de la “economía popular”), más las capas medias de la sociedad.
Eso significa que en nuestro país se sigue disputando poder en serio. Tanto para enfrentar las consecuencias del Covid-19 como para implementar y/o proyectar cualquiera de las políticas públicas en todas las áreas de la vida social, la orientación de las medidas adoptadas por Fernández y el Frente de Todos confrontan, en mayor o menor medida, con los intereses que defendía al gobierno anterior.
Lo que sigue es un listado que ejemplifica cómo se desempeñó el actual oficialismo en distintas áreas de la gestión pública:
-Para enfrentar el endeudamiento atroz perpetrado por Mauricio Macri para favorecer la timba financiera y la fuga de capitales, la estrategia oficial apunta a lograr una quita de los montos, mayores plazos de pago y reducción de las tasas de interés, como forma de aliviar al Estado y a la sociedad del costo de la deuda. A través del ministro de Economía, Martín Guzmán, el gobierno ya consiguió un arreglo exitoso con los acreedores privados y ahora está en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional.
- La intervención del Estado en la economía volvió a estar entre las herramientas prioritarias de las políticas oficiales. Los ejemplos son infinitos, pero quizás los más destacables sean las ayudas económicas generadas de inmediato por el gobierno para aliviar las consecuencias de la pandemia. Las dos más destacadas fueron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el programa ATP (Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción) por el cual el Estado se hizo cargo de una parte de los salarios de las empresas privadas para evitar cierres de fuentes de trabajo y en consecuencia mayor desocupación.
- La inversión estatal en políticas sociales es un pilar de la gestión actual, a diferencia del macrismo que llegó al colmo de quitarle la pensión a miles de personas con discapacidad. Tal vez los casos más notorios del cambio de orientación en esta materia sean la Tarjeta AlimentAr (lanzada por el gobierno de Fernández apenas asumió para ayudar a familias a las cuales Macri dejó en situación de hambre o malnutrición) y los medicamentos gratis -170 en total- para jubilados/as que reciben cobertura de salud de PAMI.
- Tanto la inversión pública en actividad económica como la inversión en políticas sociales, significan grandes erogaciones de dinero para el Estado. El dinero no sale “de la nada”, sino por ejemplo de haber dejado de pagar parte de la deuda externa por el arreglo con los acreedores privados, o también mediante la emisión de moneda, entre otras fuentes de financiamiento. Tomar decisiones como estas -dejar de pagar deuda o emitir moneda- requiere de una enorme voluntad política de disputar poder contra grandes intereses. Eso significa que el gobierno evitó y evita un “ajuste” contra los sectores populares.
- La política exterior, aunque poco altisonante en la retórica, ha variado notablemente en los hechos respecto de la humillante estrategia macrista. Desde darle refugio político a Evo Morales -un factor clave para que el Movimiento al Socialismo (MAS) se reorganizara con su líder exiliado hasta lograr el histórico triunfo electoral de octubre pasado-, pasando por alejarse completamente del bloqueo económico y las amenazas militares de Estados Unidos contra Venezuela -a pesar del cuestionado apoyo a un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el gobierno venezolano-, hasta retomar la política iniciada en el kirchnerismo de fortalecer, sobre bases soberanas, las relaciones de nuestro país con potencias como China y Rusia. Y principalmente, volver a poner como prioridad el reclamo por los derechos argentinos sobre las islas Malvinas.
- Las fuerzas armadas, con antecedentes terribles en la política argentina del siglo XX que tuvieron su máxima expresión en la dictadura genocida 1976/1983, bajo el actual gobierno y en particular durante la pandemia realizan una extraordinaria labor de logística al servicio de la sociedad. Desde poner a disposición su infraestructura y personal hospitalarios para atender a pacientes con Covid, hasta realizar vuelos de aviones militares para repatriar, en los primeros meses, a personas varadas en el exterior, así como transportar insumos médicos indispensables desde cualquier lugar del mundo hasta nuestro país.
Ese rol es completamente opuesto al de la intervención en la represión política interna, función que Macri intentó restituirle al poder militar, siguiendo las directivas de Estados Unidos.
- El drástico cambio de rumbo en las políticas de seguridad dependientes del gobierno de la Nación, implican una nueva estrategia para el desempeño de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria). Bajo el macrismo, integrantes de esas reparticiones estuvieron implicados por ejemplo en crímenes políticos (el ataque contra una aldea mapuche cuando desapareció Santiago Maldonado hasta aparecer muerto 78 días después, más el asesinato de Rafael Nahuel, como casos extremos); en maniobras legalizadas de falsificación documental (como el dictamen de peritos de Gendarmería con conclusiones falsas para hacer creer que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron); y en continuos ataques represivos contra protestas populares en distintos lugares del país. Revertir ese accionar delictivo y violento, como intenta la conducción que encabeza la ministra Sabina Frederic, implica una colosal disputa contra sectores peligrosos dentro de las propias fuerzas y contra muchos otros poderes locales y extranjeros (entre estos últimos, de forma destacada, organismos de Estados Unidos e Israel que son expertos en espionaje y “seguridad”, vinculados con negocios de armamento y tecnología bélica, que fueron aliados privilegiados de Macri).
- Empezar a implementar al más alto nivel institucional políticas de géneros, entre ellas el reconocimiento de derechos de las mujeres y colectivos de la diversidad sexual, y de forma particular establecer como prioridad de política pública la lucha contra los femicidios y toda forma de violencia machista, es un rasgo del actual gobierno que se simboliza en la creación del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta. Este tipo de políticas implican también enormes disputas de poder. Se deben enfrentar no solo a las estructuras patriarcales arraigadas en el conjunto de la sociedad, sino además a camarillas judiciales, policiales, empresariales, mediáticas etc. habituadas a prácticas discriminatorias y/o violentas contra mujeres y personas lgbtiq+.
- Ejemplo de máxima actualidad de políticas de reconocimiento de derechos de las mujeres y de toda persona gestante, es la decisión del presidente Fernández de impulsar el tratamiento en el Congreso de un proyecto de ley del propio gobierno para legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si finalmente fuera aprobado, haría realidad la histórica demanda de los feminismos y de diversos movimientos de mujeres en favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
- El demorado y finalmente sancionado “aporte solidario” de las grandes fortunas, es en sí mismo demostrativo de las complicaciones y obstáculos que implica afectar intereses de la élite capitalista. La resistencia que generó el proyecto -aun cuando el país sufre una pandemia que hace indispensable una mayor recaudación de fondos para el Estado-, la propaganda en contra de las cadenas mediáticas de la derecha y el riesgo vigente de que el Poder Judicial lo anule, sin indicativos de los gigantescos conflictos que desata una decisión modesta en términos económicos pero simbólicamente potente sobre los privilegios de los más poderosos.
El listado de ejemplos finaliza aquí -por poner algún límite- pero podría ser mucho más extenso. Los asuntos mencionados y sus implicancias sugieren que en Argentina se sigue disputando poder en serio. La asunción, hace un año, de un gobierno que busca representar los intereses populares, no significa solo un cambio de nombres y de funcionarios.
Para conseguir los objetivos de mayor justicia social reclamados por el conjunto del pueblo argentino, o al menos para avanzar paulatinamente hacia ellos, se requiere necesariamente adoptar decisiones políticas vigorosas, fuertes, casi siempre enfrentadas a resistencias y sabotajes.
Buscar defender los legítimos intereses de las mayorías sociales que anhelan una mejor calidad de vida implica necesariamente afectar intereses contrapuestos. Llevar esa lucha a los hechos es la clave de un proyecto político popular.
Fuente: Va con Firma