Por ahora, la investigación sobre el seguimiento a la vicepresidenta y al Instituto Patria seguirá en Lomas de Zamora mientras se disputan la competencia.
El espionaje ilegal contra Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria quedaron este lunes formalmente en medio de un tironeo entre un juzgado de Lomas de Zamora y otro de Comodoro Py. Después de que la semana pasada la Cámara Federal porteña resolviera que la investigación debía quedar a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, el juez de Lomas Juan Pablo Augé, a quien le pretendían sacar la causa, reivindicó su competencia y decidió quedarse con el expediente.
No sólo eso: le dio intervención a la Cámara Federal de La Plata. La puja por el expediente escaló así también a los tribunales superiores y parece inevitable que para resolver quién será –en definitiva- el que investigue el espionaje a la vicepresidenta, deberá intervenir la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
El tironeo reconoce su origen en un episodio por el cual están imputados los ex responsables de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Cuando en agosto de 2018 fueron descubiertos vehículos de la AFI merodeando el Instituto Patria, la explicación oficial fue que se trataba de medidas ordenadas por un juzgado de Lomas de Zamora ante el peligro de atentados por los Juegos Olímpicos de la Juventud, la reunión de la Organización Mundial de Comercio y la cumbre de G-20. Esa explicación, según surge de las declaraciones de los propios espías, fue una falsedad para justificar el espionaje ilegal.
“Esos informes ideológicamente falsos pretendían simular que las acciones de inteligencia ilícitas eran en realidad actividad investigativa regular realizada bajo el amparo de una orden del juez en esas actuaciones. Así, el epicentro de la maniobra con la que se pretendió dar cobertura a las acciones prohibidas desplegadas, resultó una causa judicial de esta jurisdicción y fue aquí donde esos informes ideológicamente falsos fueron presentados y produjeron sus efectos hasta la actualidad”.
Para reivindicar su intervención, el juez Auge entendió que la conducta reprochada a la plana mayor de la AFI “no sólo coloca un aspecto esencial del accionar delictivo en esta jurisdicción, sino que además, del análisis de la documentación pertinente se advierte que las observaciones y seguimientos introducidos allí son significativamente más amplios”.
“El mismo informe revela que la actividad incluyó también a Mauricio Macri, Diego Santilli, Graciela Ocaña, Waldo Wolf y María Eugenia Vidal. Las tareas que se hubieron desplegado sobre estas personas también forman parte del objeto de esta causa y en efecto puede apreciarse que no sólo se han formulado preguntas en esa línea a los agentes de la AFI -de identidad reservada- que han declarado ante la fiscalía instructora, sino que también el propio imputado Alan Flavio Ruiz, ha realizado manifestaciones sobre la actividad desplegada respecto de algunas de esas personas en su declaración indagatoria”, añade la explicación.
Augé robusteció su argumentación en que “paradigmático en este sentido resulta el despliegue de tareas que pueda haberse realizado sobre la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pues probablemente las acciones de inteligencia a su respecto nunca hayan tenido lugar en el ámbito de CABA”.
Lo que ocurrirá ahora es que el trámite de la causa seguirá, de momento, en Lomas de Zamora. Y la traba de competencia podría resolverse en un par de meses, lapso durante el cual la causa continuará en manos del juez de Lomas de Zamora.
Fuente: Tiempo Argentino