"El golpe de estado de 1976 intentó no sólo dirimir una confrontación política de las fuerzas armadas contra las organizaciones políticas y político-militares del campo de la izquierda en sentido amplio, sino también poner fin a fuertes conflictos existentes entre las clases que estaban fuertemente vinculados con el proceso de radicalización social acentuado desde fines de los años ’60. Tres líneas de política de la dictadura militar, en el campo económico, laboral y represivo, fueron centrales para reformular la dinámica anterior de relación y conflicto entre las clases".
Por Giuliana Sordo y Victoria Basualdo
Las políticas represivas constituyeron una de las marcas más visibles de la dictadura militar: la instauración del terrorismo de estado, y la aplicación de la desaparición de personas como método privilegiado, además del encarcelamiento, el asesinato y demás formas de persecución a la oposición y de disciplinamiento social son sin dudas las características más resonantes del gobierno que tomó el poder por la fuerza en 1976. Sin embargo, sólo recientemente han tomado mayor visibilidad e importancia las aproximaciones que enfatizaban que esta política represiva no estuvo únicamente dirigida a militantes políticos del campo de la izquierda, sino también a sectores importantes de la clase trabajadora, entre los cuales los delegados, miembros de comisiones internas y activistas de base tuvieron un papel muy importante.
Al mismo tiempo, estudios recientes destacaron la importancia de examinar las vinculaciones que se establecieron entre fuerzas armadas y elites económicas en la represión a los trabajadores, destacando que tuvieron como objetivo central marcar un punto de inflexión en la historia previa de organización y lucha del movimiento obrero argentino, en particular en la desarrollada en el lugar de trabajo.
Esta relación entre sectores del capital concentrado y fuerzas militares no se restringió a la política represiva, sino que se plasmó también en la política económica, que marcó un profundo quiebre en la historia de más de cuatro décadas de industrialización desarrollada en el país desde la década del ’30, promoviendo una inédita redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, una creciente apertura al mercado internacional, un acelerado crecimiento del endeudamiento externo y una marcada desindustrialización. Un símbolo central de esta relación fue José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de ser Presidente del directorio de la empresa siderúrgica Acindar, en la cual se desarrolló un proceso represivo de inédita magnitud en 1975 que incluyó un campo de detención dentro del predio de la fábrica, a ser Ministro de Economía de la dictadura militar entre 1976 y 1981.
La clase trabajadora no sólo sufrió el fuerte embate de las políticas represivas y económicas, sino que además vio dramáticamente reducida su posibilidad de organización y lucha debido a un profundo reordenamiento de la legislación y la práctica de las relaciones laborales, que comenzó por la intervención por parte de personal militar de la CGT y de los gremios más importantes y representativos, e incluyó una batería de legislación que prohibió toda forma de organización en el lugar de trabajo, así como toda forma de movilización en el espacio público.
Es importante destacar que a pesar del impacto de esta ofensiva desarrollada en estos tres frentes, distintos sectores de la clase trabajadora consiguieron organizarse y movilizarse durante la dictadura, con demandas económicas y laborales, o con protestas contra la avanzada represiva, lo cual resultó fundamental para mantener ciertos niveles de organización y de lucha que permitieron, en la transición a la democracia, iniciar un proceso de reconstrucción y reorganización obrera.
Fuente: Entre Ríos Plus