La Argentina no es un país pobre, es un país sideralmente injusto, una minoría que aparece en las revistas de grandes fortunas del mundo y un nivel de pobreza que alcanza al 42 % de la población según el Indec.
Por Horacio Rovelli
La causa principal de la inconsistencia de la macroeconomía argentina es que los empresarios en general (y los más grandes que tienen mercados cautivos con mayor razón), en lugar de invertir parte de sus ganancias la sacan mayoritariamente del circuito económico legal, y, como contrapartida, internacionalizan los precios que, ante la devaluación realizada desde abril de 2018 a la fecha, implican un deterioro de los salarios reales y con ello se deprime el consumo global y el nivel de actividad.
El proceso inflacionario generado por la falta de inversión y el ajuste por el valor del dólar impacta directamente en la capacidad adquisitiva de los ingresos fijos (salarios, jubilaciones y pensiones) e indirectamente en la producción y el comercio ligado a esos ingresos.
En la teoría keynesiana la respuesta ante esa situación es estimular el consumo a como dé lugar, que esa mayor demanda va a generar en el corto plazo las condiciones para aumentar la inversión.
John M. Keynes sostenía que la inversión determina el nivel de ingresos y ocupación y que a su vez, la inversión dependía del valor de las máquinas y equipos (bienes de capital) más las expectativas (esa combinación la llamó Eficacia Marginal del Capital), y de la tasa de interés. Eso es cierto para un país desarrollado, pero no tanto para los países dependientes donde la lógica del capital es siempre depredadora, extractivista y expoliadora sin medir las consecuencias sociales y ambientales, por una parte (con lo que las expectativas son siempre de corto plazo y a la mayor tasa de ganancia posible), y por otro lado, que el financiamiento interno se reduce al capital de trabajo, no a la adquisición de bienes de capital (bienes que mayoritariamente se importan).
Es claro que la Argentina no tiene un problema de ahorro, se cuenta con un fuerte superávit comercial y con un reducido déficit fiscal, por lo que en la ecuación macroeconómica la inversión contaría con suficiente financiamiento. Sin embargo, eso no pasa por la fuga de capitales y el pago de intereses de un endeudamiento que básicamente también se fugó.
La Argentina no es un país pobre, es un país sideralmente injusto, una minoría que aparece en las revistas de grandes fortunas del mundo y un nivel de pobreza que alcanza al 42 % de la población según el INDEC, pero afecta más a niños y a personas mayores que no pueden defenderse ante el flagelo de aumento del precio de los alimentos y demás medios de vida.
Las entidades financieras en lugar de priorizar la colocación de créditos para financiar la producción, tienen un negocio seguro en prestarle al Estado comprando Letras de Liquidez (LELIQs), cuya tasa supera a la que le pagan a sus depositantes. Las fuertes tasas de ganancia de los diez bancos privados más grandes que operan en el país, las paga básicamente el Estado, que no atina a realizar un consolidado de esas letras y prestárselas a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo.
El tema se pondrá ríspido a partir de agosto, cuando deje de ingresar o lo haga residualmente la liquidación de las exportaciones de los complejos de la soja y el maíz y, a la vez, se deba hacer frente a vencimientos de títulos de deuda en pesos que superan los 700.000 millones hasta fin de año. Debe contemplarse que dentro de esos vencimientos, hay títulos de deuda pública en poder de las inversoras norteamericanas Pimco y Franklin Templeton, que esperan las fechas de vencimientos para irse de la Argentina. Si salen de ellos en su totalidad, sería una señal que puede ser tomada por los otros tenedores de títulos públicos.
Aún contando en agosto con el aporte del FMI, que se estima que significaría para la Argentina unos 3.052,6 millones de DEGs, equivalentes a 4.354 millones de dólares, se deben contemplar los vencimiento de capital del primer desembolso de junio de 2018 que fue en DEGs y fue una suma equivalente a 14.458 millones de dólares y se deben devolver en 8 –ocho— cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 (de 1.807,25 millones de dólares) y la segunda en diciembre 2021 (también de 1.807,25 millones de dólares).
Al FMI se le paga solo de intereses unos 300 millones de dólares por trimestre, o sea que hasta el 30 de junio se le pagaron 600 millones de dólares. Para el segundo semestre a los 600 millones de dólares de intereses se le suman las dos cuotas de capital de 1.807,25 millones de dólares cada una, por lo tanto hay que pagar en la segunda parte del año 4.214,5 millones de dólares (3.614,5 millones de capital y 600 millones de interés) y en agosto o septiembre nos darán un crédito de 4.354 millones o sea que el neto (si se pagan las dos cuotas) que nos queda es de 139,5 millones de dólares. La alternativa es que no se le paguen al FMI los vencimientos de las cuotas de capital acordados por el gobierno de Cambiemos y, en ese caso, suceda lo mismo que se acordó con el Club de París de reprogramar los pagos de capital? ? que venció en mayo 2021.? ? Y allí deberíamos saber que se reprograma la cancelación de la deuda, pero ¿a cambio de qué?
Qué hacer
Es claro para el Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán, que la estrategia pasa por la negociación permanente con el FMI para reprogramar los vencimientos y recibir asistencia de los organismos internacionales, con la peregrina idea que la Argentina se inserte nuevamente en los mercados internacionales para renovar los vencimientos de los títulos por nuevos, considerando que la deuda externa es casi el 100% del producto, pero que el capital financiero internacional puede refinanciar.Esa estrategia tiene dos premisas que son falsas de toda falsedad y que no se pueden obviar y, en tercer lugar, una consecuencia funesta.
Primero, se le está pidiendo a los grandes fondos de cobertura (BlackRock, Pimco, Fidelity, Vanguard; Gramercy, Franklin Templeton, etc.) y a los grandes bancos internacionales (JP Morgan, HSBC, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Merrill Lynch, etc.) que refinancien nuestra deudas. Basta con ver cómo le va a la Provincia de Buenos Aires en una negociación permanente desde el 10 de diciembre de 2019 a la fecha, para saber que eso es una falacia.
Segundo, se debe ver a cambio de qué, porque por ejemplo BlackRock tiene parte del capital accionario de YPF SA, de Transener SA, Glencore SA, Mercado Libre, Tenaris SA, Grupo Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco BBVA, Adecoagro, etc. y en todo ellos y en todas sus actividades fija e impone condiciones a su favor que una Nación soberana no puede admitir ni permitir.
La consecuencia es una profundización de la economía dual, donde una parte se integra (y se extranjeriza) y la mayoría de la población debe sobrevivir, si puede.
El camino debe ser otro, máxime que están dadas las condiciones para que el Estado reasuma sus funciones en el río Paraná, por donde sale el 80% de las exportaciones declaradas del país y, paralelamente también, reasumir la administración del transporte de ferrocarril de carga.
Mediante la Resolución 211 el Ministerio de Transporte de la Nación rechazó el pedido de prórroga contractual efectuado por las empresas Ferroexpreso Pampeano (Mayoritariamente con participación del grupo Techint), Nuevo Central Argentino (Aceitera General Deheza) y Ferrosur Roca (Loma Negra), asignándole la toma de servicio a Trenes Argentinos Cargas. En los fundamentos de la Resolución 211 se reconoce que las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura, no se hacían cargo debidamente de la red ferroviaria e incluso abandonaban ramales que a ellos nos les rendían económicamente.
Los vencimientos de actuales concesiones son el 31 de octubre de 2021 para Ferroexpreso Pampeano; 21 de diciembre de 2022 en el caso de Nuevo Central Argentino y para Ferrosur Roca el 10 de marzo de 2023.
Si a eso le sumamos el Decreto 427 del 30 de junio de 2021, que otorga la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización, el dragado y el control hidrológico de la Vía Navegable Troncal del Río Paraná a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, por un plazo de duración de 12 meses a partir de la finalización del establecido por la Resolución N° 129/21 del Ministerio de Transporte (septiembre 2021), ambas decisiones deben conjugarse para que el Estado retome la administración del río y de los ferrocarriles.
Es una inmejorable oportunidad para crear fuentes de trabajo en talleres de armado y refacción de vagones, locomotoras y vías, así como de barcazas y barcos de dragado, balizamiento y carga, como alguna vez supimos tener en forma importante y que sobrevivió hasta el menemismo, quien cumpliendo expresas órdenes del FMI desmanteló la estructura productiva estatal y de empresas argentinas.
Detrás del FMI están los intereses de los grandes fondos de inversión y los bancos internacionales. Ellos son los que modelaron la Argentina desde 1956, con honrosas excepciones como fueron los gobiernos de Illia y de los Kirchner. Exigen subordinación total, eso significa que no seamos una nación soberana, ni libre e independiente como se declaró en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Fuente: El Cohete a la Luna
Horacio Rovelli: Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del ministerio de Economía.