Para aumentar las exportaciones como demanda el organismo internacional, el gobierno trabaja en un esquema de reducción de retenciones a las exportaciones mineras, la promesa del acceso a divisas y la promoción de leyes específicas para la agroindustria y los hidrocarburos. Publicado en El Cohete a la Luna.
Por Sebastián Premici
“No hay nada escrito aún”. “No sabemos qué va a poner Guzmán. Lo que sí sabemos es que nunca estuvo en ninguna mesa de discusión sacar el cepo ni una mega-devaluación, que es lo que reclaman los sectores concentrados para consolidar sus márgenes de ganancia”. Ambas afirmaciones se escuchan en diferentes ámbitos del oficialismo y se refieren al famoso plan plurianual anunciado por el gobierno nacional por segunda vez en un año.
En noviembre de 2020, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que para febrero de 2021 habría plan plurianual. Por entonces, ya se estipulaba un déficit fiscal del 3,5% del PBI, meta que se cumpliría este año, aunque ese objetivo se sobrecumplió en los diez primeros meses, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. En una de sus misivas, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también había advertido esa acelerada convergencia fiscal.
¿Cuál es el límite que le impone una sociedad con el 40% de su población bajo la línea de pobreza a ese plan plurianual y las metas de convergencia fiscal reclamadas por el Fondo? El contexto social es un baño de realidad imposible de obviar. Los números macro –de los que Máximo Kirchner pidió no enamorarse– deberían ingresar al Congreso en la primera semana de diciembre.
En la negociación con el FMI, probablemente no se eliminen los controles de la cuenta capital. Quedó demostrado que con Macri y sin regulaciones, el dinero se fugó. Ahora el FMI quiere que se acumulen reservas para garantizarse el repago de los 44.000 millones de dólares. Entonces el gobierno les garantizará a determinados sectores estratégicos, vía leyes especiales, el acceso a las divisas.
El gobierno sigue con la idea de una salida exportadora, por más que se generen tensiones con el precio de los alimentos o se le quiten herramientas al Estado para desacoplar los vaivenes internacionales del precio de los hidrocarburos con una promesa de estabilidad fiscal a 20 años. Esta es una de las principales críticas que se escucha al proyecto pensando para las petroleras.
La semana que viene, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantendrá una reunión con los legisladores del Frente de Todos para defender el proyecto agroindustrial, mientras el Poder Ejecutivo hace equilibrio con los controles de precios. Resulta que ahora no sólo los sojeros retienen granos en clave especulativa, sino que los ganaderos hacen lo propio con sus vacas. En una semana, el kilo de algunos cortes de carne aumentó un 33% en la ciudad de Buenos Aires.
Juntame las reservas
“La principal preocupación del grupo siempre fueron las restricciones de acceso al mercado de capitales. Cuando Alberto estuvo reunido con (Emmanuel) Macron en Francia, se comprometió a trabajar para mejorar las posibilidades de exportación. Hubo negociaciones entre el Ministerio de Economía y la empresa. Incluso, el titular del Banco Central (Miguel Pesce) le envió una carta a la CEO de la compañía, donde se comprometía a mejorar los términos del decreto 234/21 (Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones)”.
Quien habla es Daniel Chávez Díaz, CEO local de la minera Eramet, que hace poco anunció una inversión de 400 millones de dólares en Salta. Según su visión, habría un cambio en el clima de negocios para determinados sectores vinculados al extractivismo, como la minería, el agro y los hidrocarburos. Lo central sería el acceso a las divisas. En esta línea, el gobierno promete mayores exportaciones, crecimiento económico y derrame. La acumulación de reservas para garantizar el repago de los 44.000 millones quedaría para más adelante. Esto es lo que se discute con el FMI, aseguran desde varios despachos del oficialismo.
El Fondo le exige al país acumular reservas de manera veloz a partir del próximo año. De concretarse este condicionamiento, se le pondría un techo al crecimiento, explican desde el Poder Ejecutivo. Por eso Guzmán sostuvo en la entrevista radial que brindó el último viernes que el Estado debe financiar, primero, el crecimiento de la demanda.
Para bajarlo a la discusión concreta, el Fondo le estaría reclamando al gobierno una tasa menor de crecimiento que la explicitada en el proyecto del Presupuesto 2022, pensado por Guzmán como el puntapié de ese plan plurianual y de la convergencia fiscal. En vez del 4% anotado por Economía, debería ser de un 2,5% del PBI. Números más, números menos.
“Ustedes no tienen los dólares para crecer al 4%”, replican desde el staff del Fondo. “Los tendremos si podemos refinanciar los vencimientos con ustedes, me liberan los créditos de los organismos internacionales y nos dejan crecer al 4%”, retrucan desde Economía.
El espacio de injerencia del FMI parece ser más benévolo que otrora. Pero en términos de elaboración de un cálculo presupuestario, el dato del crecimiento termina por estructurar el resto de las variables. En función de ese crecimiento, por ejemplo, se calcula el gasto público. Y más todavía si se piensa en un esquema de reducción del déficit fiscal como pide el organismo multilateral.
El FMI ya no te explicita de cuánto debería ser el ajuste para refinanciarte la deuda contraída con ellos mismos, sólo busca condicionar tu nivel de crecimiento, explican fuentes oficiales. La discusión es medular.
“Sólo podría haber una convergencia fiscal y reducción de la pobreza si el acuerdo con el Fondo estuviese asociado a un boom exportador o productivo, que por lo pronto no está garantizado. Otra forma de hacerlo sería con algún tipo de reforma estructural de lo que gasta y recauda el Estado, incluyendo la seguridad social, temas que no están sobre la mesa de negociación”, sostiene el economista en jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), Nicolás Zeolla.
Justamente, ese boom exportador es lo que el gobierno pretende garantizarle al FMI a través de un conjunto de leyes especiales.
El Excel de Guzmán
En agosto de este año, Fernando Morra, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, y el subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central, Germán Feldman, viajaron a Washington y llevaron en sus valijas una hoja de ruta para incrementar exportaciones, vía leyes de incentivos fiscales y económicos que deberían pasar por el Congreso.
¿Qué decían esos números? Si en 2020 se registraron 64.500 millones de dólares de exportaciones, para 2023 deberían alcanzarse los 91.400 millones. Es decir, un incremento del 42%. Los sectores que más aumentarían sus ventas al exterior serían el agroindustrial, con una suba acumulada del 53%, energía (68%), la minería (31%) y el sector automotriz (64%).
Para lograrlo, el gobierno trabaja en un esquema de reducción de retenciones a las exportaciones mineras –quizás con un esquema de segmentación–, la promesa del acceso a divisas y la promoción de leyes específicas para la agroindustria y los hidrocarburos.
En el caso de la agroindustria, se proponen diferentes beneficios fiscales vinculados al impuesto a las ganancias (no se habla de retenciones), tanto para la agricultura como la ganadería. En particular respecto a este último rubro, se propone un nuevo mecanismo de valuación de los activos “vacas”.
Hoy los ganaderos están reteniendo sus activos. Especulan como los sojeros. En solo una semana, generaron un desbarajuste en el precio de la carne. Algunos locales empezaron a tapar sus precios, ante la fuerte merma registrada entre el martes y miércoles de esta semana, que en algunos comercios superó el 30%.
La tensión alimentos a precios accesibles versus exportación es palpable. El Consejo Agroindustrial Argentino, donde están sentadas las exportadoras de cereales y la Mesa de Enlace, ya adelantó que, de aprobarse este proyecto, seguirían presionando por la reducción total de los derechos de exportación.
Algo similar ocurre con la tan anunciada Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, cuya discusión está obturada en el Senado. La principal crítica sería la estabilidad fiscal por 20 años que impediría utilizar una suba de las retenciones como instrumento de política económica frente a los vaivenes internacionales. Y como el proyecto dejó afuera el debate por el barril criollo, el Estado quedaría sin instrumentos para evitar una mayor dolarización del precio de la energía.
A su vez, el propio gobierno se limitó las manos en materia de retenciones al pretender prorrogar en el Presupuesto 2022 lo que se había establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. No se pueden aumentar los derechos de exportación, salvo que haya una nueva ley. De hecho, en términos de recaudación nominal, crecerían un 21% el próximo año, pero reducirían su participación con relación al PBI, al pasar del 2,17% al 1,9% del producto. El FMI, en su último reporte global, le recomendó a la Argentina reducir sus impuestos a las exportaciones.
La injerencia del organismo ya no es tan explícita como otrora, pero se siente y se observa en la hoja de ruta trazada por Economía.
Fuente: Va con Firma