En forma directa la intervención a la empresa resuelta por el Poder Ejecutivo, al asegurar la continuidad de sus actividades, beneficia a 5.526 trabajadores que veían peligrar sus puestos de trabajo y a 2.600 productores que comercializan la producción por su intermedio, y, en forma indirecta, a todo el país.
Por Humberto Zambon
Un país soberano necesita independencia económica para poder ejercer con autonomía las políticas que lleven al crecimiento y mejor distribución del producto. La historia de su construcción no es lineal sino que tiene avances y retrocesos. De todas formas, hay fechas que funcionan como hitos especiales que marcan su época. En los últimos 100 años de nuestro país tenemos:
7 de julio de 1922: creación de YPF. El petróleo había sido descubierto en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, por esfuerzo del gobierno nacional; en 1916 se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo, año en que se lo descubrió en Plaza Huincul; el 7-7-22 Yrigoyen convirtió a esa dirección en una empresa estatal, YPF, nombrando primer presidente a Enrique Mosconi. YPF inició sus actividades en competencia con empresas extranjeras y en 1925 inauguró su primera destilería en Ensenada, lo que generó la fuerte oposición de esas empresas extranjera, incluyendo presión internacional sobre el gobierno.
La idea de Yrigoyen era otorgar a YPF el monopolio de la explotación, industrialización y comercialización del petróleo. Con ese fin el PE envió al Congreso un proyecto de ley, que fue aprobado por diputados pero que el senado, con mayoría conservadora, finalmente rechazó. En esa oportunidad el legislador radical Diego Molinari (del tiempo en que los radicales eran un partido político progresista), sostuvo que “No se instituye un monopolio del Estado para aplastar una industria privada de tales o cuales individuos: estamos ante la alternativa de elegir entre el monopolio de la Standard y la Anglo-Persian o el monopolio del Estado, que es, en definitiva, el monopolio del pueblo argentino”.
25 de marzo de 1946: nacionalización del Banco Central. Fue la primera de las nacionalizaciones de las empresas claves en la economía argentina que, a partir de esta, caracterizaron al gobierno de Juan Perón. Le siguieron los ferrocarriles, el teléfono, el telégrafo, la energía y la siderurgia. Si bien las nacionalizaciones fueron política corriente liego de la Segunda Guerra, encabezadas por el laborista Atlee en Gran Bretaña, en América se destacan claramente México y Argentina. En 1945 el capital extranjero invertido en nuestro país era de 4.260 millones de dólares de aquella época, mientras que en 1955 sumaban solo 1.860 millones, lo que da una idea clara del esfuerzo realizado.
15 de noviembre de 1963: anulación de los contratos de privatización hidrocarburífera. En esta fecha el presidente Illia firmó los decretos 744 y 745, anulando los contratos de exploración y explotación de los hidrocarburos que había firmado Frondizi. YPF recuperó así su rol central en la política energética argentina.
3 de enero del 2006: Néstor Kirchner anunció el pago total de la deuda con el FMI. El endeudamiento irracional con que se sostuvo la convertibilidad durante el gobierno de Menem y, luego, con De la Rúa, llevó a la crisis del año 2001 y a la posterior declaración formal del “default”. El nuevo gobierno procuró normalizar la situación; así, en setiembre del 2003 presentó un primer proyecto de reestructuración que fue rechazado por los acreedores, el FMI y el G7. A pesar de ello, el 12 de enero del 2005 presentó una nueva oferta a los acreedores, prescindiendo del FMI, que logró la inesperada adhesión de 76,15% de los acreedores (con una reapertura posterior se superó el 92%). A pesar de ello el FMI seguía exigiendo el ajuste de la economía, por lo que, en simultáneo con Brasil, se pagó íntegra la deuda, logrando así independencia para la política económica.
20 de octubre del 2008: nacionalización de las AFJP. Habían sido creadas en 1994, siguiendo el modelo chileno establecido por Pinochet. La experiencia mostró que se trataba de un enorme negocio financiero para las administradoras, pero muy malo para los trabajadores aportantes, lo mismo que se ha puesto en evidencia en Chile.
3 de mayo de 2012: estatización de la mayoría de YPF. La empresa emblemática de la energía en nuestro país había sido privatizada por Menem en 1992 y desde el año 1998 estaba bajo el control de la empresa española Repsol, que había seguido una política predatoria para con nuestros recursos naturales. En esta fecha, la presidenta Cristina Fernández anunció la estatización de la mayoría de las acciones, con lo que recuperó a la empresa como herramienta de crecimiento e hizo posible, por ejemplo, el desarrollo de Vaca Muerta.
Si se aprobara la nacionalización de la empresa Vicentin, como se espera, es muy probable que en el futuro próximo se tome la fecha en que se resuelva como equiparable a las anteriores. Es que se trata de una empresa estratégica dentro de la economía argentina, por su papel en las exportaciones agroindustriales (8.400.000 toneladas de producto exportados en la temporada 2018/19, lo que representa el 9% del total), empresa que está en convocatoria de acreedores, con una deuda declarada de $ 30.153.285.892,26 y en camino de a) ser declarada en quiebra o b) ser adquirida por uno o varios de los oligopolios extranjeros que dominan un mercado altamente concentrado: los 10 principales exportadores representan el 91% del total exportado, entre los que figuran la norteamericana Cargill, la francesa Dreyfuss y la suiza Glencore, que manifestaron su interés en quedarse con la empresa, lo que intensificaría la extranjerización de nuestra economía.
Vicentin es un conglomerado de unidades productivas que posee puerto propio sobre el río Paraná e incluye plantas de almacenaje y molienda de granos, elaboración de aceite, producción y exportación de algodón, dos hilanderías (una en Argentina y otra en Brasil), producción y comercialización de biodiesel, elaboración de jugo concentrado de uva, cuya producción exporta íntegramente, bodega en Mendoza y acopio y exportación de miel. Posee, además, empresas exportadoras en Paraguay y Uruguay.
En forma directa la intervención a la empresa resuelta por el Poder Ejecutivo, al asegurar la continuidad de sus actividades, beneficia a 5.526 trabajadores que veían peligrar sus puestos de trabajo y a 2.600 productores que comercializan la producción por su intermedio, y, en forma indirecta, a todo el país, ya que permite que el Estado tenga una herramienta de control y orientación en un rubro clave para la provisión de alimentos a la población y para la exportación y, en consecuencia, sobre el mercado cambiario, ya que las divisas representan el elemento clave en la situación actúa del país.
Parafraseando al radical Molinari, podemos decir que “estamos ante la alternativa de elegir entre el control de un sector estratégico de la economía argentina por parte de monopolios extranjeros o el control por parte del Estado, que es, en definitiva, el control del pueblo argentino”.
Fuente: Va con Firma