Nuevos hallazgos en la investigación del juzgado de Lomás de Zamora indican que la Agencia de espionaje presentó un pedido para poder seguir a políticos que podían sufrir "atentados" en el marco de las reuniones de G20 y Juegos Olímpicos de la Juventud, entre otros eventos internacionales que hubo en el gobierno de Cambiemos. Ese fue uno de los marcos legales para justificar el espionaje.
El espionaje ilegal que hizo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue consecuencia de una denuncia penal por supuestos actos de terrorismo que hizo la propia AFI. Esa denuncia, que lleva el número 82.441/2017, parece el continente legal de un contenido que no lo es. Gracias a ese expediente, iniciado por la AFI, la propia AFI pudo llevar adelante las tareas que ahora están bajo investigación judicial por presunta violación a la Ley de Inteligencia.
Según pudo reconstruir Tiempo, la central de Inteligencia se presentó ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena en 2017 argumentando que "en virtud de los diversos eventos internacionales en los cuales la Argentina oficiará como anfitrión resulta pertinente solicitar diversas medidas ampliatorias y complementarias a las tareas de la especialidad propias de esta agencia". "A partir del activo rol asumido por nuestro país en el plano internacional, se ha establecido la siguiente agenda de eventos a realizarse en territorio nacional: Cumbre G-20, II Congreso Nacional de Diálogo Intercultural e Interreligioso, IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación sostenida del Trabajo Infantil, XI Conferencia Ministerial de la OMC, III Juegos Olímpicos de la Juventud", describió la AFI en aquel oficio.
En ese contexto, los espías criollos dijeron haber detectado amenazas para la vida y la seguridad de varios dirigentes políticos, entre los cuales figuran varios de los que –según la investigación que lleva el propio Villena y su colega de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé- fueron víctimas de espionaje. En esa lista figuran, entre otros, el propio presidente Mauricio Macri (quien no podía quedar excluido de una hipótesis de ataques contra referentes políticos), pero también la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y CFK. En la lista también aparecen, sin mayores justificaciones, los legisladores Graciela Ocaña y Waldo Wolf.
El fiscal subrogante Sergio Mola impulsó la causa. "Se enfatiza en el informe respecto de los niveles de amenaza que representan este tipo de eventos masivos, en el que participarán diversos líderes mundiales de diferentes países (circunstancia que, por otra parte, resulta e vidente, no precisando de otra comprobación)”. En ese contexto se produjo la tarea, arropada de supuesta legalidad, sobre Cristina Kirchner. Un informe secreto de la AFI explicó que "el 30 de julio (de 2018) se tomó conocimiento de información que indicaba la posibilidad de que personas antisistémicas organizadas planifiquen llevar adelante acciones en su contra, con potencial repercusión mediática, con aparente intención de difundir ideas anarquistas para crear un clima de desestabilización e inseguridad en las postrimerías de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y aprovechando la exposición mediática que había en ese momento sobre la funcionaria".
La redacción del informe es, cuanto menos, confusa. Habla de la “exposición mediática que había en ese momento sobre la funcionaria”, lo cual es cierto porque se debatía sobre un eventual desafuero en el Senado, lo que hubiera implicado que fuera detenida. Pero el "clima de desestabilización e inseguridad en las postrimerías de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud”, no encaja, ya que que tuvieron lugar en octubre de 2018, es decir, tres meses más tarde.
El reporte de la AFI menciona supuestas informes recogidos el 30 de julio sobre acciones contra la ex presidenta. El vehículo de la AFI detectado en las inmediaciones del Instituto Patria fue detectado en la primera semana de agosto. La cobertura de la acción quedó plasmada en otro párrafo del mismo informe: “Se llevaron a cabo tareas de la especialidad en las inmediaciones de las locaciones donde se consideró que podría resultar como factible la posibilidad que se lleven adelante las acciones en cuestión, pero luego de realizado el debido análisis se pudo descarar el real riesgo del inicio de estudio”.
¿Por qué, si habían sido descartados los riesgos para CFK, la AFI siguió interviniendo? La propia central de espionaje explicó que "atento a la intervención otorgada a esta Agencia a fin de prevenir y/o actuar con inmediatez en caso de potenciales ataques que pudieran sufrirse en el marco de los eventos internacionales que se desarrollan actualmente en el país, se autorizó la realización de medidas y sus posteriores prórrogas. Es dable resaltar que este tipo de eventos con participación de altos mandos de distintos estados y comitivas tienden a ser de convocatoria masiva y, consecuentemente, a elevar los niveles de amenaza a la Seguridad Nacional y a la integridad física de los participantes".
Otra vez, el G-20.
Cuando el ex espía Alan Ruiz declaró ante el juez Augé sobre las acciones en el Instituto Patria aseguró que actuó bajo el amparo de la legalidad. En el marco de órdenes impartidas por el juez Villena. De la documentación a la que accedió Tiempo surge que Villena sabía lo que estaba haciendo la AFI. Y, al menos una vez, lo consintió: "De conformidad con lo allí solicitado, prorróguense las tareas de inteligencia que le fueran oportunamente encomendadas en el marco de la causa de marras y con los alcances allí establecidos", firmó el magistrado.
Fuente: Tiempo Argentino