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Vicentin: Fuga de capitales y empresarios en la argentina

El grupo supo tener un origen familiar en 1929 y desde sus vinculaciones con las sucesivas dictaduras militares pasando por el gobierno menemista y el macrismo, se convirtió en un gran conglomerado industrial de productos primarios de exportación. Endeudamiento, fuga de divisas y quiebra. Nota aparecida en La Tecla Eñe.




Por Horacio Rovelli

Un país cuyos sectores de mayores ingresos pueden comprar y fugar 86.200 millones de dólares en cuatro años (un cuarto del PIB anual argentino) no es un país pobre (sí injusto) y demuestra que esos sectores tienen altas tasas de ganancia y por ende capacidad de ahorro; el problema es que ese ahorro lo invierten afuera del país y, el mecanismo más usual fue siempre el de sobrefacturación de importaciones, el de subfacturación de exportaciones y, el de los auto préstamos (aparecen tomando deuda cuando en realidad parte o todo el crédito tiene origen en dólares que lo supuestos deudores fugaron y depositaron en esas instituciones que aparecen como acreedores)

Esto explica porque el Grupo Vicentin que es un grupo poderoso que tiene controladas a las firmas Algodonera Avellaneda SA, Industrias Frigoríficas Friar SA; Oleaginosas San Lorenzo SA, Vicentin Paraguay SA, Vicentin Europa, Vicentin Brasil, Vicentin SAIC sucursal Uruguay, Bodegas Vicentin, entre otras empresas y conforma la firma RENOVA SA junto a Oleaginosa Moreno SA -perteneciente a la multinacional Glencore- y Molinos Río de la Plata de Pérez Companc para producir biodiesel, que preside la terminal Puerto de Rosario a través de Gustavo Nardelli quién, junto a Alberto Padoan (quién fuera Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario), serían los principales dueños del grupo, todos negocios y operaciones fuertemente rentables, sin embargo, presenta una deuda que según el concurso abierto y en que cada acreedor debió verificar el monto que les adeuda Vicentin SA, suman en pesos y en divisas $ 100.300.000.000 (cien mil trescientos millones de pesos) equivalentes a unos 1.580 millones de dólares (se toma el tipo de cambio de la verificación de deuda de $ 63,4)

Y lo explica porque cuando se ve el listado de acreedores nos encontramos con deudas en divisas que en la verificación se presenta su equivalente en pesos (con un dólar a $ 63,4) con bancos internacionales como el Ing. Bank NV Tokio Branch por $ 4.420 millones y el Netherlandse por $ 9.228 Millones, las dos acreencias son más de 215 millones de dólares. Trabajo arduo de la intervención anunciada por el gobierno nacional el día lunes 8 de junio de 2020, que debe solicitar y obtener de esos bancos, para que den a conocer los depósitos en esas entidades y precisar si no son personas físicas o jurídicas asociadas al grupo Vicentin.

En la misma verificación de acreencias presentadas ante el Juez de Reconquista, Dr. Fabio Lorenzini, la deuda con el Banco de la Nación Argentina fue de $ 18.182 millones (unos 285 millones de dólares), de los cuales $ 5.785,4 millones le otorgó el BNA en septiembre de 2019, cuando desde junio de 2019 el Grupo Vicentin había dejado de pagar la deuda y Macri había perdido las elecciones PASO un mes antes.

Los otros grandes acreedores son ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) por $ 4.930 millones, Banco Provincia de Buenos Aires por $ 1.814 millones y con Renova SA por $ 1.346 millones, sociedad anónima de la que forma parte.

En síntesis la deuda es aproximadamente en un 65% es con instituciones financieras, el 25% con cooperativas agropecuarias, entre ellas pequeños y medianos productores de los cuales la firma exportó el grano, debe haber cobrado y no les pagó esa provisión. Y el 10% restante es con el Estado por deudas impositivas y sobre todo aduaneras.

El Informe de la AFIP sobre el grupo Vicentin es terminante: “La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estrés financiero». La AFIP da a entender que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones.

Y los fundamentos de la intervención y elaboración del proyecto de ley para su expropiación son más contundentes si cabe: «Teniendo en cuenta que frente a un escenario de quiebra de la empresa o de dilación de los procesos judiciales, habría grandes posibilidades de que el volumen agroexportador de Vicentin S.A.I.C. (10 millones de toneladas – 9% del total de la oferta exportable de granos) pase a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales, que continuarán especulando con la liquidación de divisas expoliando nuestros recursos y transfiriendo sus rentas al exterior y a países no cooperantes con baja o nula tributación, es que resulta imperioso tomar medidas tendientes a evitar la situación planteada».

En base a las cifras analizadas, el Gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa para evitar aún una mayor concentración de un mercado fuertemente concentrado y dominado por empresas extranjeras (Cargill; Cofco; Bunge Ceval; Louis Dreyfus; Glencore; etc). De esta manera, el Poder Ejecutivo busca controlar y evitar el incremento de la deuda de la compañía y al mismo tiempo ingresar en un sector que, en los últimos meses y debido a las restricciones en el mercado cambiario, incrementó la especulación financiera y a las pruebas nos remitimos: La Sociedad Rural Argentina reconoce que en los primeros cinco meses del año se exportó 64.500.000 toneladas, 9.600.000 toneladas más que en igual lapso del año pasado y sin embargo la liquidación de las exportaciones son un 20% menor que en ese lapso del año 2019. Obviamente, por un lado retienen exportaciones y por otra parte las que realizaron tardan lo indecible para liquidarlas, especulando con la suba del valor del dólar. La Intervención de Vicentin SA hará que aparezcan dichas ventas y dichos ingresos al país. Así, el Gobierno no solo podrá tener injerencia en los precios de los alimentos, sino en término de liquidación de divisas, necesarias para diagramar un plan económico.

Como dijo en la conferencia de prensa del lunes 8 de junio de 2020 el Presidente de la República, Dr. Alberto Fernández, al anunciar el DNU y la intervención de la empresa: “Es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El objetivo es que siga funcionando y que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar con sus empleos (se estima en 7.000 trabajadores directos) y que los 2600 productores puedan seguir contando con una empresa para venderle lo que producen y que la Argentina siga teniendo un pie en un operador de esta envergadura.

El pasado los condena

Se debe tener en cuenta que el Régimen de Expropiaciones es por ley 21.499, sancionada el 17 de enero de 1977 (firmada por Jorge Rafael Videla) y, contempla una “justa” indemnización y que se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.

De allí la importancia de la intervención a cargo de un hombre avezado en el tema, que fuera el último Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, como lo afirma la declaración de los trabajadores del INTA (instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): “Gabriel Delgado, además de ser un economista altamente capacitado, es un afiliado de APINTA, y desde nuestro gremio abrazamos al compañero afiliado al gremio, que tendrá un rol histórico en la reconstrucción de un país más justo”.

El Grupo Vicentin creció sideralmente con las dictaduras militares, primero con Onganía en 1966, cuando incorpora en la molienda de semillas el proceso de extracción por solventes en su planta de Avellaneda, norte de Santa Fe. En 1977 comienza a funcionar una planta de molienda de soja en el mismo complejo y a fines de 1979 se pone en marcha una segunda planta de molienda de soja y girasol en Ricardone, al sur de la provincia. Al mismo tiempo inician operaciones en nuevas plantas desmotadoras de algodón situadas en puntos neurálgicos de cosecha. Un hito fundamental en la trayectoria de Vicentin consistió en empezar a operar y exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets desde su propia Terminal de Embarque, localizada en la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Paraná en 1979.

Vicentin a través de su sociedad controlada Algodonera Avellaneda SA se involucra en el rubro textil con la adquisición de una nueva planta especialmente dedicada a la hilandería y tejeduría con importantes volúmenes de producción. Años más tarde se incorpora al grupo el complejo frigorífico Friar, importante protagonista en el rubro cárnico exportador. En sus tres plantas industriales se procesan gran variedad de cortes vacunos y derivados destinados tanto al mercado interno como a los mercados externos.

Con el menemismo se va a quedar con la terminal Puerto de Rosario que es donde se venden más toneladas de soja en granos en el mundo. Hacia 2005 inicia sus actividades Vicentin Paraguay S.A como agente de comercialización de soja destinada a los complejos industriales en permanente expansión sumando una cuarta planta de molienda en San Lorenzo, elevando la capacidad de molienda a 21 mil toneladas diarias.

Este grupo que supo tener un origen familiar en sus inicios en 1929 como algodonera en Avellaneda en el norte santafecino, termina en una red de sedes y sociedades vinculadas que operan en actividades sumamente rentables y, sin embargo, incurre en convocatoria de acreedores.

Su desarrollo exponencial con la dictadura militar queda demostrado en el mismo juzgado de Reconquista donde se tramita su concurso preventivo, que es donde Oscar Raúl Zarza, Efrén Venturini, Heraldo Salvador Sánchez y Adelqui Ramón Gavirondo, presentaron la denuncia contra la familia Vicentin por los 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, que fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de adentro mismo de la fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con la Aeronáutica mientras estaban desaparecidos. Las fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista están investigando la responsabilidad de la Aceitera Vicentin en la represión de los trabajadores y su complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad.

Represión a sus trabajadores y supuestos endeudamientos en dólares generó el impulso de éste almacén de ramos generales de 1929.
















Del Autor: Horacio Rovelli es Economista especializado en temas fiscales y monetarios. Profesor de Política Económica en la Universidad de Buenos Aires. Ex Director de Políticas Macroeconómicas del ministerio de Economía