Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort solicitaron que se llame a indagatoria a la exdiputada de Juntos por el Cambio. Denuncian que tuvo acceso a transcripciones ilegales hechas desde un sector de la propia AFI que luego fueron usadas para intentar cubrir a la banda de Marcelo D'Alessio.
Elisa Carrió quedó involucrada en la trama de espionaje que investiga la Justicia Federal de Lomas de Zamora, después de que los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa pidieran que se la cite a prestar declaración indagatoria. Según los abogados, Carrió se habría nutrido de escuchas ilegales que se hicieron a dirigentes políticos desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para intentar frenar el avance de la causa sobre espionaje que tramita en el juzgado de Dolores y así darle cobertura al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.
Rúa y Peñafort fueron víctimas del espionaje que habrían orquestado conjuntamente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la AFI para escuchar a los presos vinculados al kirchnerismo, a sus abogados (como es el caso de Rúa y Peñafort) e incluso a los organismos de derechos humanos que organizaban las visitas a las cárceles. En ese carácter, le pidieron al juez Juan Pablo Augé que cite a indagatoria a Carrió.
Para los abogados, Carrió usó escuchas que obtuvieron ilegalmente desde un sector de la AFI para que dos de sus colaboradoras más cercanas, Mariana Zuvic y Paula Oliveto, presentaran una denuncia que sostenía que desde la cárcel de Ezeiza se había urdido una maniobra contra la causa de las fotocopias de los cuadernos. La denuncia de las referentes de la Coalición Cívica se presentó el 8 de febrero del año pasado, dos días después de que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, allanara el country donde vivía D’Alessio y justo cuando se hacía pública la maniobra de extorsión en la que habrían participado el falso abogado, el fiscal Carlos Stornelli y otros sectores de la propia AFI.
Los teléfonos del penal de Ezeiza se “pincharon” después de una denuncia de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En octubre de 2016, el Ministerio de Seguridad se presentó ante el juez federal Federico Villena para reportar que Mario Segovia, el llamado Rey de la Efedrina, estaba involucrado en una organización que hacía acopio de armas y explosivos --aun estando preso en el penal de Ezeiza--. Ése fue el huevo de la serpiente del espionaje carcelario.
Según la denuncia de Rúa y Peñafort, hubo doce teléfonos públicos intervenidos entre 2017 y 2019. Las intervenciones se realizaban desde la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), pero era la propia AFI la que retiraba los CDs desde el edificio Los Incas y escuchaba todo lo que allí se hablaba. También era la AFI la que alimentaba nuevas hipótesis para seguir interviniendo más teléfonos dentro del penal.
El mismo día en que Ramos Padilla iba a empezar a allanar a D’Alessio, la AFI fue a la DAJuDeCO a buscar un CD con las escuchas que se iban a filtrar. Ese episodio tuvo lugar el 6 de febrero después de las 15. Al día siguiente, Carrió tuiteó contra Ramos Padilla y dijo que era parte de una maniobra contra el fiscal Carlos Stornelli. Para entonces, la causa de Dolores estaba en secreto de sumario. Al día siguiente, Stornelli dijo que le habían dejado un anónimo con las transcripciones en su fiscalía. Él presentó una denuncia que cayó en el juzgado de Luis Rodríguez. Después se presentaron Zuvic y Oliveto para hacer la misma denuncia, pero el juez que les tocó en suerte fue el propio Claudio Bonadio. Todos usaron las desgrabaciones y todos dijeron haber recibido anónimos. En Tribunales, se conoció como la Operación Puf. El juez que subroga en el juzgado que dejó vacante Bonadio tras su muerte, Marcelo Martínez de Giorgi, sostuvo semanas atrás que no había delito por investigar. El tema está ahora en la convulsionada Cámara Federal.
“Desde 2017, la AFI retiraba y conservaba en su poder los registros de comunicaciones de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios, y sin más decidió sacárselos de encima y enviarlos con urgencia al juzgado. Se ve que alguien ahí ya sabía que Carrió y Stornelli irían a filtrar el contenido de esas conversaciones que el área de Jurídicos de la AFI había promovido ardidosamente intervenir, y que se escuchaba, analizaba y transcribía sin orden judicial y sin ningún destino legal”, sostuvieron Rúa y Peñafort.
El pedido de indagar a Carrió deberá ser analizado tanto por Augé como por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Desde el entorno de Carrió denunciaron que se trataba de una maniobra para meterla presa por haber denunciado a Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que se trata de un planteo de dos de las víctimas, que deberá ser examinado por quienes entienden en el caso. Además, en la causa de Lomas, no hay ninguna persona detenida.
A partir de las 10 de este viernes comenzará una nueva ronda de indagatorias por el espionaje en las cárceles, que estará centrada en el rol que jugaron el SPF y el área de Jurídicos de la AFI, que se hizo cargo de las escuchas judiciales, una tarea que siempre estuvo en manos de Contrainteligencia. Augé y los fiscales escucharán a dos integrantes del SPF que eran parte de un grupo de WhatsApp llamado Círculo de Confianza, donde se distribuía información sobre las personas privadas de su libertad.
La primera indagatoria fuerte será el 30 de noviembre, cuando tienen que presentarse el exdirector del SPF Emiliano Blanco y el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano. Además de De Stefano, están citados los abogados Mariano Ruda Bart, que estaba a cargo de la oficina de escuchas de Jurídicos, y Bernardo Miguens, jefe del Departamento “Causas Judiciales” de la AFI y exempleado del juzgado de Bonadio.
Fuente: Página 12