Un análisis hecho por el periodista Oscar García a partir de la entrevista al Secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de La Paz, Daniel Flores. La reactivación paulatina y la vuelta de las actividades económicas en la provincia. Las últimas declaraciones realizadas por el gobernador Gustavo Bordet. La coparticipación que llega por goteo diario al municipio local. En medio de todo esto, las medidas de ajuste sobre los trabajadores municipales por parte de la actual administración y el rol de la política sindical.
Por Oscar García
A la hora de optimizar los recursos y luego de no pocas vueltas el H.C.D. aprobó el recorte del 50% de las dietas para destinar la mitad de esos fondos a una cuenta especial (decisión de Cambiemos) y la otra mitad a la Cooperadora del Hospital 9 de Julio (Concejales Peronistas)
El Poder Ejecutivo Municipal por su parte resolvió una quita de diferentes porcentajes bajando desde el sueldo del Intendente hasta diferentes cargos.
En ambos casos a término fijo: Haberes correspondientes al mes de Abril.
A través de una Ordenanza (Emergencia Sanitaria) con tratamiento expedito y sin pasar por Comisión alguna, se concretó la anulación del aumento del 10% a los empleados acordados con los gremios, ese porcentaje compensaba la pérdida de poder adquisitivo y refería a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. Debía cobrarse en el corriente mes de Mayo. Además, la Ley municipal suspendió por un año la negociación paritaria y le permite al Ejecutivo dejar sin efecto los adicionales por función lo que para muchos es un avance sobre derechos adquiridos.
Bordet - Sarubi - Flores - Segovia - Arredondo
En otro orden, se anunció públicamente la concreción de por lo menos dos reuniones entre el Centro Comercial y el gobierno para trabajar y elaborar reclamos al gobierno provincial frente a la inactividad determinada por el aislamiento.
Hoy por la mañana entrevistamos al Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio y Carlos Daniel Flores nos dijo: "elevamos una nota al Intendente solicitándole intermediación para que aquellos empleados que perciben el 75% de sus haberes reciban un trato diferente por parte de la Empresa de Energía, la de Gas y de las de negocios inmobiliarios, es decir que, a ese universo de trabajadores se les otorgue una quita del 25% en facturas de luz, gas y alquileres en los casos que corresponda’’. Y continuó: ‘’la respuesta indica que no corresponde ni es facultad del gobierno municipal gestionar y/o intermediar con entidades privadas’’
En los dos temas queda clara la interpretación ideológica del gobierno de La Paz, fue rápido para echar mano al dinero de los trabajadores municipales (que son precisamente eso, trabajadores del municipio y no de una gestión determinada) y, poco generoso a la hora de los ingresos de lo que de alguna manera podría denominarse la patronal.
En lo comercial e industrial exactamente lo mismo, reuniones y acciones codo a codo con la patronal y ‘’no nos corresponde’’ ante el pedido de los trabajadores.
Por otra parte, se conocieron declaraciones del Jefe de Personal Guido Beltzer: ‘’estamos muy complicados para abonar los sueldos de Mayo (en Junio), agregando que ‘’ no se están pagando las horas extras’’.
Si bien es cierto que el propio Intendente lo dijo con anterioridad, no deja de llamar la atención que un funcionario de tercera línea como Beltzer manifieste sobre un tema que seguramente invade de preocupación, incertidumbre y tristeza a cientos de trabajadores.
En éste contexto vale informar que el Gobernador Bordet justamente hoy informó que la coparticipación nacional se recibe día a día (goteo) y que de la misma forma su gobierno cumple con los Estados Municipales, asegurando además que la provincia está dispuesta a asistir a los municipios que tengan dificultades para afrontar el pago de sueldos y que ocho (8) municipios requirieron esa acción por parte de la provincia.
En éste contexto, nos parece imprescindible que en vez de formalizar anuncios con números en el aire, el gobierno de La Paz visibilice la realidad económica y financiera (obligación de la función pública) poniendo en práctica la claridad que verbalizan permanentemente.